LAS
DECLARACIONES DE “CIUDAD ANTITAURINA” QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN ESPAÑA SON
ILEGALES
A qué esperan los poderes públicos para actuar de oficio y llevar a los alcaldes y concejales autores de semejante disparate ante la justicia
¿Por qué oculto interés se permite tal insensatez? ¿Está alguien incurriendo en dejación de funciones?
¡Es hora de empezar a imputarlos!
latauromaquia.org.
Recientemente, el ayuntamiento de Palma de Mallorca
ha declarado
a su
ciudad
anti taurina.
¿Alguien
se imagina
declarar
a cualquiera
de las
ciudades
o pueblos de España localidad anti-pictórica,
anti-literaria,
anti-musical, anti-teatral o anti-cultural?. Sin duda,
resultaría
insólito
porque
la cultura
pertenece
a los pueblos que
la recrean.
Pero no sólo
se trata
de un acto
incongruente,
es
que
además
este
comportamiento
de los integrantes
del ayuntamiento
de Palma de Mallorca es completamente
ilegal
y expone
a los miembros
de la corporación,
autores
de semejante
disparate, a tener
que
dar
la cara
ante la justicia
por
actuar
manifiestamente
en contra de la Constitución y de la ley.
La
Constitución
Española
establece
el marco
del estado
de derecho
en el que
nuestra
sociedad
se desenvuelve.
Su artículo
46 nos señala
que
el patrimonio
cultural debe
ser
conservado
y enriquecido
y que
la ley
penal sancionará
los atentados
contra ese
patrimonio.
La
ley
18/2013, de 12 de noviembre que regula
la Tauromaquia
como
patrimonio
cultural, establece que ésta
debe
ser
objeto
de protección,
conservación
y enriquecimiento,
conforme
a los establecido
en la Constitución,
las
leyes
y los tratados
internacionales
sobre
la materia.
Entonces, ¿por
qué
una
corporación
municipal actúa
impunemente
en contra de parte
de nuestro
patrimonio
cultural? Y, ¿por
qué
oculto
interés
se le permite?
Los
alcaldes
y concejales
que
despliegan
esta
insensata
conducta
pueden
estar
incursos
en el delito
de prevaricación
por
actuar
de manera
consciente
en contra de la Constitución y las leyes,
de manera
sistemática,
discriminatoria
y por
motivos
políticos.
Vale decir,
podrían
ser
imputados.
¿A
qué
esperan
los poderes
públicos
para
hacer
cumplir
las
leyes;
cómo
es
que
no se ha actuado
de oficio
contra quienes
cometen
este
expolio
contra nuestro
patrimonio;
quién
tiene
la responsabilidad
de actuar
en defensa
de nuestro
patrimonio
cultural? Está
alguien
incurriendo
en dejación
de funciones.?
La Junta Directiva
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