Un
enfoque de defensa de las corridas de toros aplicable en todos los países taurinos, tanto de Europa como de América al haber suscrito prácticamente todos ellos los mismos tratados internacionales en materia de protección de derechos culturales
“Derechos Culturales y Corridas de Toros” es el título de la reciente investigación sobre la defensa de la fiesta que el abogado y periodista taurino, Dr. Jaime de Rivero Bramosio, ha publicado en la “Revista Jurídica del Perú”, perteneciente a la editorial Normas Legales, especializada en doctrina jurídica.
El autor aporta un nuevo enfoque para la defensa legal a partir de los derechos culturales previstos en la Constitución y que no había sido tomado en cuenta hasta ahora, estableciendo que no es posible su prohibición ni dictar leyes para destruirla.
El
extenso
trabajo
establece
que
las
corridas
de toros
están
protegidas
por
el derecho
de las
personas
a la cultura
contemplado
en el Artículo
2° de la Constitución, por lo que
la prohibición
Sería inconstitucional.
El trabajo también revisa una decena de tratados internacionales celebrados en los últimos 60 años en materia de derechos culturales, para demostrar que el Estado peruano ha asumido ante la comunidad internacional, la obligación de defender, preservar y difundir las diversas manifestaciones culturales, entre las cuales se encuentra la tauromaquia.
El trabajo también revisa una decena de tratados internacionales celebrados en los últimos 60 años en materia de derechos culturales, para demostrar que el Estado peruano ha asumido ante la comunidad internacional, la obligación de defender, preservar y difundir las diversas manifestaciones culturales, entre las cuales se encuentra la tauromaquia.
La conclusión principal de la investigación consiste en que prohibir las corridas de toros o dictar cualquier medida que pudiera causar su extinción –como impedir la asistencia de menores de edad o suprimir la pica, banderillas o estocada– violaría el derecho humano a la cultura, como también el artículo 17° de la Constitución, que impone al Estado -incluyendo al Congreso de la República- el deber de preservar las manifestaciones culturales.
El autor señala que este nuevo enfoque de defensa es aplicable para todos los países taurinos, tanto de Europa como de América pues prácticamente todos han suscrito los mismos tratados internacionales en materia de protección de derechos culturales.
Este aporte jurídico es fundamental para la defensa de la fiesta, justo cuando diversos grupos antitaurinos tratan de logar un proyecto de ley que prohíba el ingreso de menores de edad a los espectáculos taurinos, como medida previa para pretender su abolición.
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